Marta Gallego: “Racanear el precio de la ingeniería causa obras desastrosas, que al final salen mucho más caras”

SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN GALLEGA DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

{ Vigo, 1972} AGEINCO se está destacando en los últimos meses por una campaña contra el uso del criterio económico como casi el exclusivo en numerosas licitaciones de trabajos de ingeniería en la Administración Pública. Una práctica contraria a la normativa europea que perjudica la ejecución de los proyectos y dificulta el avance de un sector estratégico de la economía gallega.

FOTO: Gallego
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¿Por qué consideran que esas licitaciones incurren en irregularidades?
Porque se incumplen los mandatos de una directiva europea, que se aplica en el Estado Español desde abril de 2016. Según esta directiva, que curiosamente tiene entre sus objetivos garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos, el poder adjudicador debe primar la calidad sobre el precio. Nosotros estamos denunciando pliegos en los que el único criterio de valoración de ofertas es el precio. Los servicios de ingeniería, como servicios intelectuales, deben adjudicarse valorando la experiencia y valoración profesional del personal destinado a ejecutar el contrato, ya que son características intrínsecas de la oferta y afectan a su valor económico.

¿Van a ir a la justicia?
El ánimo de Ageinco ha sido siempre dar la oportunidad de rectificar este tipo de adjudicaciones. Hasta ahora hemos enviado cartas avisando de nuestra decisión, incluso con un dictamen jurídico, que fundamenta la necesidad y obligatoriedad de valorar la calidad de los servicios y no solo el precio. También hemos presentado recursos de reposición ante los propios licitadores, que siempre rechazan. Por eso, el siguiente paso será actuar judicialmente.

¿Qué respuestas han obtenido?
Los técnicos de estos organismos no suelen estar de acuerdo con la adjudicación por subasta porque saben que el resultado raramente supone un trabajo de calidad. Según los técnicos, son los departamentos jurídicos y los interventores de los adjudicatarios los que establecen este criterio en los pliegos. Desconocen que al final “lo barato sale caro”.

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